Bebés robados, bebés desaparecidos

QUIZÁS LA MÁQUINA EUGENÉSICA DEL FRANQUISMO AÑADIÓ A SU 'RENDIMIENTO IDEOLÓGICO-MORAL', BENEFICIOS ECONÓMICOS; QUIZÁS HUBO QUIEN MANTUVO EL SINIESTRO NEGOCIO Y DETERMINAR CUÁNDO ACABÓ TODO RESULTE DIFÍCIL, PERO QUE SUCEDA EN LA SANIDAD QUE HE CONOCIDO SE ANTOJA IMPOSIBLE

POR JAVIER ALONSO, * MÉDICO
Para los profesionales de la medicina con los que me relaciono y para mí, admitir que algún compañero o compañera ha podido participar en el robo de bebes es difícilmente asumible. Pero, en contra de lo que piensan mis amigos periodistas, no se trata de una expresión del llamado corporativismo médico. Como en el resto de las profesiones puede haber de todo, pero resulta complicado imaginar que alguna de las personas dedicadas a la medicina que conozco haya sido tan moralmente despiadada y tan hábil técnicamente para cometer esos crímenes.

Aunque siempre hay excepciones. Un médico psiquiatra, el Dr. Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares tras la derrota de la República, fue el que, con sus escritos e investigaciones con hombres y mujeres de campos de concentración, justificó la idoneidad de una de las políticas más crueles de la dictadura franquista: la que apoyaba la separación de las hijas e hijos de sus madres rojas para evitar que la "enfermedad psiquiátrica hereditaria llamada marxismo" se transmitiera. Coincidía con los postulados nazis al considerar que las enfermedades mentales eran hereditarias, por lo que era imprescindible la segregación para evitar que el simplismo del ideario marxista y de la igualdad social se extendiera. La reubicación en familias más afines al sistema trataba de consumar la eugenesia ideológica impidiendo el contagio del comunismo, con lo que se evitarían amenazas a la "grandeza de la raza española".

La maquinaria del régimen tenía todo a su favor: la política, la sanidad, la justicia y la Iglesia. Fabricaron una justificación científica, las leyes eran favorables, no existía la crítica y el miedo -o el convencimiento- conseguían que todos los estamentos implicados colaboraran y encubrieran. Este ambiente propicio consiguió situar a la dictadura de Franco, con 30.000 casos, en el segundo puesto mundial de robo de niñas y niños, después de la Camboya del cruel Pol Pot y muy lejos de otras dictaduras con mayor impacto mediático como la argentina, en la que se produjeron alrededor de quinientos robos.

Con el paso de los años, la máquina eugenésica fue añadiendo a su rendimiento ideológico-moral beneficios económicos que acabaron por imponerse a la trasnochada justificación ética. Los grupos de delincuencia organizada que se habían establecido en la dictadura mantenían el siniestro negocio refugiados bajo ese mismo paraguas aunque transformando su propósito en uno más humano: ayudar a las pobres madres solteras y a las familias que no podían tener descendencia. Como en el caso de los grandes transatlánticos, habían de modificar un poco el rumbo pero la inercia -en nuestro caso el estímulo económico- hacía muy difícil pararlos.

Determinar cuándo acabaron los robos resultará difícil. En los hospitales públicos que he conocido desde comienzos de los 80 existían demasiadas garantías administrativas para que se hiciera creer a una familia la muerte de un bebé si no había ocurrido. Resulta difícil sostener que todas las personas que tenían relación con un parto participaran en el robo o no se dieran cuenta de que se había producido. Como mínimo, para que se diera un caso debían de colaborar personal administrativo, auxiliar, de enfermería, médico, de la funeraria, y de los juzgados. Además, en las zonas de partos de los hospitales había libros de registro, historias clínicas y sistemas de identificación de bebés que, aunque deficientes, dejaban rastro de la existencia del nacimiento.

Las cosas puede que ocurrieran de forma diferente en las clínicas privadas, de donde provienen la mayoría de las denuncias en los últimos 40 años. Ni había tanto personal implicado, ni disponían de las mismas garantías administrativas. La ley, hasta 1999, permitía que la mujer que diera a luz fuera del matrimonio desconociera a su hija o hijo, una ventaja -derogada por inconstitucional- que se convertía en trampa ya que impedía futuros reencuentros y favorecía el tráfico de bebés. Por ello, aquí, en el sector privado, era mucho más fácil delinquir, solo había que convencer a esas jóvenes solteras embarazadas ignorantes e inexpertas o en situación económica precaria de que era necesario ceder su hija o hijo voluntariamente y esconder su pecado social de una sociedad hipócrita que, a pesar de presumir de una moral intachable, disfrutaba señalándolas como culpables y criticándolas gratuitamente.

Sin embargo, no era esa la única incidencia legal. En las tres exhumaciones realizadas en nuestra comunidad no se han hallado restos humanos, hecho que acreditando probablemente la existencia de un delito no demuestra totalmente que el robo se produjera, ya que algunos de los fetos podían no haber sido enterrados y utilizados con fines de investigación. Una reforma en la ley de Registro Civil ha puesto fin a esta -otra- inexplicable laguna normativa. Hasta ahora, el reconocimiento de la personalidad exigía que se viviera más de 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Desde el año pasado, la personalidad se adquiere en el momento de nacer.

Variantes de ese sutil chantaje moral serán las responsables de la mayoría de las desapariciones entre los años 60 y 90, pero también hay denuncias de madres a las que se les informó de que su bebé había fallecido o había nacido muerto con posterioridad a esas décadas. Si no había fallecido, ¿cuánto dinero hay que pagar a un médico o a una médica para que falsifique un certificado de defunción o informe de una muerte fetal? O, peor aún, ¿qué tipo de comportamiento humano puede explicar esa actitud? No tengo respuesta para ninguna de las dos. Esperemos que el tiempo y las investigaciones aclaren lo ocurrido, respondan a esas preguntas y se pueda restituir la identidad biológica de las personas que fueron robadas y el derecho de sus madres a conocer qué fue de su descendencia. Lo necesitan decenas de miles de mujeres que, durante décadas, añadieron al dolor de la pérdida la incertidumbre de saber si vive o no y cómo está.

Es posible que descubramos que las historias clínicas y los documentos del Registro Civil se extraviaron o destruyeron, que algunas clínicas cerraron, que muchas de las personas supuestamente implicadas han fallecido, que algunos fetos no fueron enterrados, pero no es admisible el escaso interés mostrado por la Administración ni la denegación a las familias, con el simple fundamento de que se estaba creando alarma social, de toda la información clínica que, por derecho, les corresponde. Tampoco la Iglesia debe escudarse en que puede aportar poco cuando ya existe documentación y testimonios suficientes que señalan a monjas y sacerdotes como colaboradores necesarios en el negocio de aquellos años. También los colegios médicos deben posicionarse y colaborar. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se ha apresurado a mostrar su satisfacción por la propuesta del Ministerio de Justicia de modificar la ley del aborto, pero cuando se introduce la expresión bebés robados en el buscador de su página web la respuesta es: "Su búsqueda no produjo resultados".

La sociedad tiene que ser consciente de que se trata de un crimen contra la humanidad y que los únicos apósitos que favorecerán la cicatrización de las heridas son conocer la verdad y que la justicia se exprese distribuyendo sus castigos. Una solución imposible sin la colaboración sincera de todos los agentes implicados y sin la exclusión de esa parte del franquismo que sigue viva e impide que los hechos se esclarezcan hasta sus últimas consecuencias.